La soberanía de la salud: cuando el presupuesto es un arma política

Hay una diferencia abismal entre curar a un paciente y comprar su silencio o su voto. En Filipinas, esa línea divisoria se ha vuelto borrosa bajo la presión de una disputa presupuestaria que amenaza con desmantelar la columna vertebral del seguro estatal de salud, PhilHealth, en favor de un programa de asistencia discrecional: el MAIFIP.

La propuesta de un panel de la Cámara de Representantes para duplicar la financiación del Programa de Asistencia Médica para Pacientes Indigentes y con Incapacidad Financiera (MAIFIP) de cara a 2027 ha despertado las alarmas de profesionales sanitarios, sindicatos y organizaciones de vigilancia fiscal. La crítica no es mezquina ni carece de fundamento técnico; apunta a una estructura de poder. Los detractores califican el MAIFIP de «clientelismo blando»: fondos de libre disposición para los legisladores, sujetos al ciclo político y a la lealtad partidista, en lugar de derechos garantizados por ley.

Mientras tanto, PhilHealth, el seguro estatal diseñado para cubrir a los afiliados de forma permanente y estructural, arrastra un déficit significativo. La lógica económica es implacable: en un erario limitado, aumentar una partida implica mermar la otra. Al priorizar el fondo discrecional, el Congreso no solo está eligiendo dónde poner el dinero, sino qué modelo de sociedad quiere construir. ¿Uno basado en derechos universales y predecibles, o uno dependiente de la benevolencia temporal de un político local?

Esta tensión entre lo estructural y lo asistencial no es exclusiva de Manila, pero aquí adquiere una gravedad particular. PhilHealth representa la institucionalización de la salud; MAIFIP, su privatización encubierta bajo apariencia de ayuda social. Cuando un sistema de seguridad social se vacía de recursos para alimentar programas de asistencia directa, el Estado deja de ser un garante para convertirse en un repartidor de favores. El paciente deja de ser un titular de derechos para convertirse en un suplicante.

Los legisladores que defienden el incremento no han explicado públicamente cómo se financiará esta expansión sin sangrar aún más al seguro estatal. Ese silencio es elocuente. Sugiere que la prioridad no es la eficiencia del gasto ni la cobertura universal, sino la capacidad de los representantes electos para mostrar resultados inmediatos y tangibles a sus bases electorales, aunque eso comprometa la viabilidad a largo plazo del sistema.

La advertencia de los grupos críticos es clara: debilitar PhilHealth ahora generará costes humanos y económicos mayores mañana. Un seguro fragmentado y sin fondos obliga a los ciudadanos a depender de parches temporales, aumentando la vulnerabilidad ante enfermedades crónicas o catastróficas. Es la vieja trampa de la política corta: resolver la urgencia de hoy creando la crisis de mañana.

La batalla presupuestaria continúa en la Cámara de Representantes. Pero más allá de las cifras, lo que está en juego es la definición misma de la responsabilidad pública. Si la salud se gestiona como un botín electoral, la enfermedad deja de ser un problema sanitario para convertirse en una herramienta de negociación política. Y en esa ecuación, los que pagan el precio más alto no son los políticos que reparten los cheques, sino los pacientes que esperan una cura que depende, no de su derecho, sino de la voluntad de quien tiene la firma.