España alcanza 1.000 días sin aprobar un nuevo presupuesto general

España ha superado los 1.000 días sin contar con un presupuesto general actualizado, una situación que se prolonga desde la aprobación de las últimas cuentas públicas, correspondientes a 2023. Desde entonces, el Estado funciona con prórrogas automáticas, un mecanismo que mantiene la estructura de ingresos y gastos del ejercicio anterior pero que limita la capacidad del Gobierno para introducir cambios en las prioridades de gasto.

Según fuentes del Ministerio de Hacienda citadas por Euronews, el departamento que dirige la política fiscal trabaja con la previsión de presentar un proyecto de presupuestos para 2027. Las mismas fuentes afirman que confían en que sea aprobado y aseguran que no contemplan un escenario alternativo. La cartera no ha concretado fechas ni el detalle de las cuentas.

La falta de un presupuesto nuevo no impide el funcionamiento ordinario de la administración, pero sí condiciona la gestión pública: las prórrogas impiden adaptar el gasto a nuevas necesidades o compromisos, y obligan a mantener partidas diseñadas en un contexto económico distinto. El caso español se ha convertido en una anomalía dentro de las democracias europeas, donde la aprobación anual de las cuentas es la norma.

Mientras tanto, en el plano social, la crisis de vivienda sigue generando episodios de tensión. Un reportaje de BBC Mundo relata el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que ocupaba un piso en el centro de Madrid y que no podía afrontar el alquiler fijado por la empresa propietaria tras adquirir el inmueble. La situación de esta inquilina se enmarca en el contexto de presión sobre el mercado del alquiler, aunque no se ha establecido una relación directa entre su caso y la falta de presupuestos.