Informe de la ONU acusa a red externa de alimentar la guerra en Sudán

Naciones Unidas ha publicado un informe que acusa a una red transnacional de empresas y gobiernos extranjeros de alimentar la guerra civil en Sudán. Los investigadores independientes de derechos humanos de la ONU documentaron cómo el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el apoyo logístico externo han permitido que tanto el ejército sudanés (SAF) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) continúen los combates con un alto coste para la población civil.

El informe, dado a conocer el jueves, describe un entramado de compañías que operan en varios países y que proporcionan financiación, armas y reclutas a ambos bandos. Aunque el texto no nombra a los implicados directamente, señala que estos flujos externos han contribuido a prolongar un conflicto que comenzó en abril de 2023. La guerra ha dejado decenas de miles de muertos y ha desplazado a millones de personas, según la ONU, con el país fragmentado y la población sufriendo una hambruna generalizada.

La difusión del informe coincide con la escalada de los combates en Jartum y en Darfur, donde las RSF han lanzado nuevas ofensivas. Los expertos urgen al Consejo de Seguridad a ampliar el embargo de armas existente para cubrir a los actores externos que abastecen a las partes y a imponer sanciones específicas contra los responsables de las violaciones. El documento subraya que, sin cortar ese apoyo, no habrá un final negociado.

Desde el estallido de la guerra, se han denunciado violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y uso de armas químicas. El informe de la ONU también documenta el reclutamiento de menores y extranjeros de países vecinos y de la región del Sahel, a menudo atraídos por promesas económicas.

Las reacciones no se hicieron esperar. El gobierno sudanés, aliado del SAF, rechazó las conclusiones del informe, calificándolas de "infundadas y parciales" y acusando a los expertos de exceder su mandato. Por su parte, las RSF han negado cualquier vinculación con actores extranjeros y han denunciado que el informe no toma en cuenta sus denuncias de crímenes cometidos por el ejército. La comunidad internacional, incluidas potencias occidentales y regionales, ha mostrado cautela, aunque algunos diplomáticos reconocieron la gravedad de las acusaciones.

El informe también describe el papel de facilitadores financieros en el Golfo y en África del Norte, que habrían permitido a las partes eludir sanciones y mantener la logística. Han surgido discrepancias entre las fuentes: mientras algunos analistas cuestionan la solidez de las pruebas presentadas, expertos en la región sostienen que el informe es una evidencia más de que Sudán se ha convertido en un campo de batalla por poder e influencia.

El hecho confirma la dimensión internacional de un conflicto que a menudo se trata como un asunto interno. Coincidiendo con el informe, la ONU y sus socios han pedido un alto el fuego inmediato y la reanudación de las negociaciones, actualmente estancadas. La próxima reunión del Consejo de Seguridad, prevista para mediados de septiembre, será un primer examen para discutir el informe y la posibilidad de nuevas medidas.