Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte desafían a Westminster y reclaman referéndums

Los tres líderes de las naciones celtas del Reino Unido escenificaron este lunes en Cardiff una ruptura sin precedentes. El nacionalista escocés John Swinney, el galés Rhun ap Iorwerth y la norirlandesa Michelle O'Neill, junto a la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, suscribieron un memorando de entendimiento que reclama una reforma constitucional y abre la puerta a referéndums de independencia. La declaración, coordinada por primera vez entre los tres ejecutivos autonómicos, sostiene que "el tiempo de Westminster se está acabando" como marco de gobierno para Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El texto firmado no fija fechas ni un calendario de consultas, pero establece un frente común que hasta ahora no existía. Hasta este lunes, cada formación soberanista había gestionado su estrategia por separado: el SNP condicionaba su hoja de ruta a un nuevo referéndum en Escocia tras el de 2014; Plaid Cymru apostaba por una consulta a largo plazo en Gales; y el Sinn Féin priorizaba la reunificación irlandesa fijada en el Acuerdo de Viernes Santo. El memorando de Cardiff busca alinear esas tres agendas bajo un mismo diagnóstico: el modelo de Westminster, dicen, ya no responde a las realidades políticas de las naciones que lo integran.

La cumbre se celebró en un contexto de desgaste institucional en Londres. El Gobierno británico afronta la recta final de la legislatura con una mayoría parlamentaria frágil y un debate interno abierto sobre la descentralización. Ninguno de los tres líderes obtuvo un mandato explícito para convocar un referéndum en sus respectivas elecciones autonómicas, pero los tres sostienen que sus resultados les otorgan legitimidad suficiente para exigir un mecanismo de consulta. La diferencia de marcos legales complica la aplicación del acuerdo: en Escocia, el Tribunal Supremo ya dictaminó en 2022 que el Parlamento de Holyrood no puede convocar un referéndum de independencia sin el consentimiento de Westminster. En Gales, la competencia es aún más limitada. En Irlanda del Norte, cualquier consulta sobre la reunificación depende del Secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, que debe convocarla si detecta un cambio de opinión persistente en la provincia.

El memorando de Cardiff incluye también una dimensión internacional. Los firmantes prevén buscar apoyos en la Unión Europea y en foros multilaterales para respaldar su demanda de reforma constitucional, un gesto que el Gobierno británico ha rechazado de plano en anteriores ocasiones por considerar que la cuestión territorial es un asunto exclusivamente interno. La presencia de Mary Lou McDonald, líder de la oposición irlandesa, añade un componente transfronterizo que trasciende el marco del Reino Unido y conecta la reivindicación escocesa y galesa con el debate sobre la reunificación de Irlanda.

Las reacciones en Londres no se hicieron esperar. Fuentes del Gobierno británico calificaron la declaración de "gesto simbólico sin recorrido legal", y recordaron que cualquier transferencia de competencias o convocatoria de referéndum requiere la autorización del Parlamento de Westminster. La oposición laborista evitó pronunciarse en profundidad sobre el fondo del memorando y se limitó a reiterar su compromiso con la descentralización dentro del marco constitucional vigente. El silencio calculado de las principales fuerzas británicas contrasta con la puesta en escena de Cardiff, donde los cuatro líderes comparecieron juntos y evitaron marcar distancias entre sus respectivas demandas.

El acuerdo no resuelve las diferencias de fondo entre los firmantes. El SNP aspira a un Estado escocés independiente dentro de la Unión Europea; Plaid Cymru habla de una "confederación" o un modelo federal avanzado; y el Sinn Féin condiciona cualquier paso a la reunificación irlandesa. El memorando evita pronunciarse sobre cuál de esos modelos prevalece y se limita a fijar principios compartidos: reconocimiento del derecho a decidir, reforma del marco constitucional y apertura de un proceso de negociación con Londres. Esa ambigüedad deliberada permitió la firma, pero también anticipa tensiones cuando los tres movimientos deban concretar sus demandas en los próximos meses.

La cumbre de Cardiff no es un hecho aislado. Se produce después de años de choque entre los ejecutivos autonómicos y el Gobierno británico por la gestión del Brexit, la financiación autonómica y las competencias en materia de inmigración. El malestar se ha agravado por la percepción, compartida por los tres gobiernos, de que Westminster ha centralizado decisiones que afectan directamente a Escocia, Gales e Irlanda del Norte sin consultarles. Ese resentimiento acumulado es el terreno sobre el que se ha construido el frente común que este lunes se formalizó en la capital galesa.

El documento firmado tampoco contiene ningún compromiso de convocar referéndums de forma inmediata. Los firmantes lo presentan como un punto de partida, no como una hoja de ruta cerrada. Swinney, ap Iorwerth, O'Neill y McDonald insistieron en que el memorando abre un proceso que dependerá de la evolución política en cada nación y de la respuesta que reciban desde Londres. La pelota queda, por tanto, en el tejado del Gobierno británico, que hasta ahora ha mantenido una posición de rechazo frontal a cualquier consulta sobre la ruptura del Reino Unido.

El texto firmado incluye la creación de un grupo de trabajo conjunto entre las tres administraciones para coordinar posiciones de cara a futuras negociaciones con Westminster. Ese mecanismo, según fuentes de las formaciones firmantes, se reunirá de forma periódica y servirá para armonizar estrategias en materia de financiación, competencias y relaciones exteriores. Es el primer órgano permanente de coordinación soberanista entre las tres naciones celtas, un paso organizativo que trasciende el simbolismo del acto de Cardiff.