ICC condemns US sanctions as ‘flagrant attack’ on court’s independence
El Tribunal Penal Internacional (TPI) condenó este miércoles las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su presidenta, la jurista japonesa Tomoko Akane, y contra uno de sus…
El Tribunal Penal Internacional (TPI) condenó este miércoles las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su presidenta, la jurista japonesa Tomoko Akane, y contra uno de sus fiscales principales, el senegalés Abdoulaye Seye, al considerarlas un "ataque flagrante" a la independencia de la corte con sede en La Haya. El anuncio fue hecho el martes por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el tribunal, al que Washington acusa de estar politizado.
La institución, en un comunicado oficial, expresó que estas medidas representan una "intromisión inaceptable" en su labor judicial y defendió su imparcialidad frente a las acusaciones externas. Por su parte, la Unión Europea manifestó su respaldo al TPI ante lo que considera un desafío al orden jurídico internacional, según recogieron medios europeos. Las sanciones colocan a Tokio en una posición delicada, ya que Japón es un aliado clave de Washington pero también un firme defensor del multilateralismo y de las cortes internacionales.
Mientras tanto, al menos cuatro organizaciones de derechos humanos han presentado demandas contra la administración estadounidense por estas sanciones, según informó The Straits Times. Este movimiento se suma a las tensiones previas entre Estados Unidos y el TPI, que ya habían sido objeto de medidas restrictivas durante el primer mandato de Trump. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han respondido públicamente a las críticas del tribunal ni a las acciones legales emprendidas por los grupos defensores de derechos humanos.
La decisión estadounidense afecta directamente a dos figuras clave del tribunal: Akane, quien dirige la institución desde 2024, y Seye, uno de los abogados con mayor experiencia en los procesos judiciales de la corte. Las sanciones implican restricciones financieras y de visado, limitando la capacidad de estos funcionarios para desempeñar sus funciones internacionales, aunque el TPI ha asegurado que continuará con sus investigaciones y juicios de manera regular.
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