El veto al minuto de silencio: cuando la decencia se vuelve partidista

Hay momentos en los que la política debería callar para dejar hablar a la dignidad. La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su hogar de toda la vida en Madrid, es uno de esos instantes. Sin embargo, la respuesta del Partido Popular en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid ha sido vetar un minuto de silencio. No es un error táctico; es una declaración de principios, y resulta escalofriante.

Maricarmen no era una estadística ni un argumento de campaña hasta que su cuerpo dejó de respirar. Durante siete décadas habitó un piso en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Su desalojo, ejecutado tras una sentencia del Supremo, fue legal, sí, pero la legalidad no siempre coincide con la justicia social ni con la decencia mínima que debe presidir la acción pública. Que una anciana muera poco después de perder su refugio es una tragedia estructural de nuestro modelo de vivienda, donde el derecho a un techo choca frontalmente con la especulación y la rigidez judicial.

Pero lo más grave no es el desahucio en sí, sino la reacción posterior. Mientras miles de personas se manifestaban en Madrid, Sevilla o Valladolid con velas en mano bajo el lema «Si ella no pudo, iremos nosotros», los grupos populares impedían que las instituciones rindieran homenaje a la fallecida. Argumentan, probablemente, que no quieren «politizar» la muerte o que el caso es responsabilidad de leyes estatales. Es una coartada pobre. Un minuto de silencio no es una adhesión ideológica; es un reconocimiento de la pérdida humana. Negarlo convierte el dolor ajeno en moneda de cambio partidista.

Feijóo acusa a Sánchez de manipulación emocional, pero ¿qué hay de más manipulador que usar el cadáver de una anciana para marcar territorio político? La derecha española tiene una relación compleja con la memoria y el duelo público, pero este veto supera la mera frialdad burocrática. Revela una desconexión absoluta con el sentimiento social mayoritario, que ve en Maricarmen un símbolo de vulnerabilidad extrema. Al negarle ese último gesto de respeto institucional, el PP no solo hiere a sus familiares y vecinos, sino que se autoexcluye de la comunidad moral básica que debería unir a todos los ciudadanos, independientemente de su voto.

La izquierda, por su parte, debe evitar caer en la tentación de convertir a Maricarmen en un mártir útil solo para las urnas. La indignación callejera es legítima y necesaria, pero debe traducirse en políticas concretas de parque público de vivienda y protección real frente a los desahucios, no solo en retórica inflamada. Si el Gobierno central y las autonomías progresistas no son capaces de garantizar que nadie muera por falta de hogar, su compasión será tan estéril como el veto conservador.

Nos enfrentamos a una fractura peligrosa. Por un lado, una ciudadanía que exige humanidad; por otro, unas élites políticas que priorizan la batalla narrativa sobre la convivencia. Maricarmen Abascal merecía paz en sus últimos días. Merece ahora que recordemos que detrás de cada expediente judicial hay una vida. Y merece, sobre todo, que dejemos de usar su muerte como arma arrojadiza. El minuto de silencio vetado dice más de quienes lo impiden que de la mujer que ya no puede defenderse.