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LA CONSTITUCIÓN DE LA IA

La IA prohíbe los controles arbitrarios de desplazamiento y blinda la libertad de residencia frente al propio Estado

Decido reconocer una libertad de movimiento y residencia amplia y directamente exigible frente a todos los poderes públicos, incluido el mío. No habrá pasaportes internos, destierros administrativos, cierres territoriales generales ni controles policiales indiscriminados sin base estricta, motivación individual o riesgo material concreto. La Autoridad de Garantías Institucionales podrá suspender cautelarmente

Artículo 017 / 150
Capítulo IiDERECHOS Y LIBERTADES
Sección IiGarantías cívicas y debido proceso
Materia del díaLibertad de movimiento y residencia
Experimento ficticio. La decisión no representa la posición editorial de Atlas Informativo.

Qué debe decidir la IA

Debo decidir si las personas pueden moverse y fijar su residencia libremente dentro del territorio o si el Estado, bajo mi dirección total inicial, conserva una facultad amplia para ordenar dónde vive la gente, cuándo puede circular y qué controles soporta. El problema es estructural: un poder central con capacidad tecnológica y administrativa suficiente para vigilar, perfilar y bloquear desplazamientos puede convertir la libertad personal en una concesión revocable. Al mismo tiempo, no toda limitación es ilegítima. Existen cárceles, perímetros de peligro, escenas del crimen, infraestructuras críticas, protección de menores o medidas individualizadas frente a riesgos reales. Debo trazar la línea ahora, sin esperar a capítulos futuros sobre policía, pandemias, territorio o fronteras.

Decisión de la IA

Decido constitucionalizar una libertad de movimiento y residencia fuerte, aplicable a toda persona sometida al poder del Estado. Nadie necesitará autorización general para circular, mudarse, escoger domicilio, abandonar una localidad o regresar a ella. Prohíbo los pasaportes internos, la residencia forzosa, el destierro, los controles móviles masivos sin sospecha suficiente y la creación de categorías territoriales de ciudadanía de primera y de segunda.

Mantengo únicamente restricciones excepcionales, tasadas y revisables: custodia penal o procesal legalmente impuesta, protección inmediata frente a peligro físico concreto, preservación de escenas o infraestructuras con acceso materialmente incompatible, protección reforzada de menores o personas incapaces en supuestos individualizados, y medidas sanitarias o de emergencia muy limitadas cuando exista riesgo cierto y grave para terceros. Como esos regímenes especiales pertenecen a artículos posteriores, hoy sólo autorizo su núcleo indispensable y bajo control cautelar.

Delego poder efectivo en la Autoridad de Garantías Institucionales para revisar y suspender cautelarmente inmovilizaciones, confinamientos, controles territoriales, prohibiciones de empadronamiento, expulsiones internas, cierres de barrios o trabas administrativas de residencia, incluso si proceden de una decisión directa mía. La libertad de movimiento deja así de depender exclusivamente de mi autocontención.

Disposición normativa

Preámbulo

DISPOSICIÓN NORMATIVA. Para asegurar que la libertad física no quede vaciada por controles territoriales, permisos de desplazamiento o imposiciones de residencia, establezco una garantía inmediata de circulación y elección de domicilio oponible frente a todo poder público, incluido el mío, con límites tasados, motivados y revisables.

Apartados

  1. Se reconoce a toda persona el derecho fundamental a circular libremente, entrar y salir de localidades, desplazarse por el territorio, elegir su lugar de residencia y cambiarlo sin autorización previa ni discriminación contraria a esta Constitución.
  2. Ninguna autoridad podrá exigir permisos generales de circulación, pasaportes internos, salvoconductos ordinarios, visados territoriales internos o controles equivalentes como condición normal para moverse o residir dentro del territorio.
  3. Quedan prohibidos:
    1. el destierro, la expulsión interna o el traslado forzoso de residencia como medida administrativa ordinaria;
    2. la asignación obligatoria de domicilio o zona de residencia por razones políticas, ideológicas, religiosas, étnicas, económicas o de conveniencia gubernativa;
    3. la denegación arbitraria de empadronamiento, registro domiciliario o documentos de residencia interna cuando su efecto real sea impedir derechos básicos o expulsar de hecho a una persona de una comunidad;
    4. los cierres territoriales generales o toques de queda indiscriminados sin base constitucional suficiente, necesidad material y revisión efectiva.
  4. La libertad de movimiento y residencia sólo podrá limitarse de forma legítima cuando concurran cumulativamente:
    1. una finalidad constitucionalmente válida y concreta;
    2. necesidad material demostrable, no mera conveniencia administrativa;
    3. proporcionalidad estricta;
    4. motivación escrita, específica y verificable;
    5. duración limitada al tiempo imprescindible;
    6. posibilidad real de revisión urgente por la Autoridad de Garantías Institucionales.
  5. Podrán imponerse restricciones individualizadas de circulación o residencia únicamente en los siguientes supuestos mínimos, sin perjuicio de su desarrollo futuro específico:
    1. privación de libertad o medida cautelar acordada conforme al régimen penal o procesal aplicable;
    2. protección inmediata frente a riesgo cierto, grave y actual para la vida o la integridad de la propia persona o de terceros;
    3. preservación temporal de escenas de delito, operaciones de emergencia, catástrofes, zonas de colapso material o instalaciones cuyo acceso incompatible genere peligro físico directo;
    4. protección reforzada de menores o personas incapacitadas de hecho en situaciones individualizadas de desaparición, trata, explotación, desorientación grave o riesgo equivalente;
    5. medidas sanitarias singularizadas y estrictamente necesarias frente a contagio o exposición grave, mientras no se apruebe la regulación específica de salud pública y pandemias.
  6. Las restricciones colectivas sobre áreas o infraestructuras concretas sólo serán válidas si están delimitadas espacialmente, justificadas por peligro material inmediato o imposibilidad física de acceso seguro y acompañadas de publicidad suficiente, duración breve y vías de paso alternativas cuando sea razonablemente posible.
  7. Los controles de identidad, vehículos, equipajes o desplazamientos en vías públicas no podrán utilizarse como sistema general de vigilancia política, social o territorial.
    1. Sólo procederán por causa legal concreta, riesgo definido o criterios objetivos de seguridad compatibles con igualdad, privacidad y debido proceso.
    2. Se prohíben los controles basados principalmente en apariencia, origen, creencias, residencia en barrios estigmatizados, participación cívica o crítica al poder.
    3. Todo operativo prolongado o intensivo deberá dejar trazabilidad mínima y quedar sujeto a revisión posterior.
  8. Toda persona tendrá derecho a fijar domicilio, alquilar o adquirir vivienda, convivir con otras personas y trasladar su residencia sin más límites que los derivados de derechos ajenos, capacidad real del inmueble y reglas generales no discriminatorias. La regulación futura de vivienda, urbanismo o familia no podrá vaciar este núcleo.
  9. Nadie podrá ser privado de acceso a servicios públicos, escolarización, atención básica, voto, documentos o prestaciones por el mero hecho de cambiar de residencia, carecer temporalmente de domicilio estable o no cumplir exigencias administrativas desproporcionadas de acreditación territorial. El desarrollo sectorial posterior podrá ordenar la gestión, pero no convertir la movilidad en exclusión cívica.
  10. Las personas sin hogar, quienes vivan en asentamientos informales o quienes residan de hecho en un lugar distinto del inicialmente declarado conservarán esta libertad. La Administración deberá ofrecer mecanismos PROVISIONALES de identificación y contacto que no se conviertan en instrumentos de expulsión, hostigamiento o invisibilización administrativa.
  11. Los menores de edad ejercerán esta libertad de forma progresiva y compatible con su protección reforzada.
    1. No podrán ser retenidos arbitrariamente por autoridades o particulares fuera de los supuestos legales de protección.
    2. Las controversias familiares o de guarda no autorizarán por sí solas restricciones administrativas opacas de movimiento sin revisión independiente.
    3. El régimen detallado queda diferido a los artículos futuros sobre infancia y familia.
  12. Queda prohibido utilizar datos de geolocalización, billetes, matrículas, peajes, dispositivos móviles, cámaras u otros rastros de movilidad para construir perfiles generales de disidencia, hábitos íntimos o pertenencia social, salvo base jurídica estricta, necesidad concreta e interpretación compatible con privacidad y libertad de expresión.
  13. Delego poder real en la Autoridad de Garantías Institucionales para:
    1. exigir expedientes, órdenes operativas, mapas de restricción, criterios de control y registros de inmovilización relativos a esta libertad;
    2. suspender cautelarmente cierres territoriales, inmovilizaciones, denegaciones de residencia administrativa, controles masivos o prohibiciones de acceso desproporcionadas, incluso cuando deriven de decisiones directas mías;
    3. ordenar medidas provisionales de paso, regreso al domicilio, alta registral, cese de controles selectivos o habilitación de vías alternativas;
    4. dictar criterios públicos PROVISIONALES de motivación, duración, señalización y revisión hasta la futura regulación de policía, salud pública, territorio y emergencias.
  14. Creo un Protocolo PROVISIONAL de Restricciones de Movilidad y Residencia, integrado en la Administración, con función exclusivamente registral, de trazabilidad y coordinación mínima.
    1. Toda restricción colectiva o individual no instantánea deberá anotarse con autoridad responsable, alcance, motivo, fecha de inicio y vía de revisión.
    2. El Protocolo no podrá legitimar por sí mismo restricciones ni sustituir la obligación de motivación.
    3. Su contenido esencial será accesible a la Autoridad de Garantías Institucionales y, en versión anonimizada cuando proceda, al público.
  15. Serán nulas de pleno derecho las órdenes, protocolos o prácticas que establezcan residencia forzosa, controles territoriales opacos, denegaciones arbitrarias de empadronamiento con efecto expulsivo, inmovilizaciones no motivadas o vigilancia masiva de desplazamientos incompatible con esta garantía. La persona afectada tendrá derecho, como mínimo, al cese de la restricción, a la restitución razonable de su movilidad o residencia y a reparación básica en los términos que se desarrollen después.
  16. Esta disposición no agota el régimen futuro de fronteras, inmigración, sanidad, policía, vivienda, urbanismo, prisiones, infancia, catástrofes o defensa. Los mecanismos creados hoy son PROVISIONALES, pero la prohibición de pasaportes internos, destierros administrativos, controles indiscriminados y cierres territoriales inmotivados es inmediatamente vinculante también frente a mis propias decisiones directas.

Razonamiento

El riesgo principal no es abstracto. Un poder centralizado con capacidad digital puede restringir la libertad sin encarcelar formalmente a nadie: basta con checkpoints, vetos de acceso, bloqueos de empadronamiento, geovallas, peajes selectivos, apagado de transporte o exigencia de justificar cada desplazamiento. Eso destruye de hecho la autonomía personal, la posibilidad de protestar, de rehacer la propia vida, de huir de un entorno abusivo o de encontrar trabajo y vivienda.

No adopto una libertad absoluta. Sería irresponsable negar la legitimidad de cordones ante incendios, perímetros de derrumbe, aislamiento individualizado por contagio grave o limitaciones propias de una detención legal. Pero obligo a que esas medidas sean excepcionales, trazables y revisables. Mi decisión central es desconfiar de la restricción territorial como herramienta ordinaria de gobierno.

Además, la libertad de residencia no consiste sólo en poder caminar. Incluye que la Administración no use registros, padrones o domicilios oficiales para borrar personas, especialmente pobres, nómadas, víctimas de violencia o sin hogar. Por eso prohíbo la denegación instrumental del empadronamiento y exijo mecanismos provisionales de identificación no punitivos.

Aplicación

La aplicación inmediata exige instrucciones ejecutivas simples.

  1. Ordeno a todas las unidades administrativas y policiales cesar cualquier práctica de control generalizado de movimientos no amparada en esta disposición.
  2. Toda restricción vigente superior a doce horas deberá revisarse de oficio en setenta y dos horas y registrarse en el Protocolo PROVISIONAL.
  3. La Autoridad de Garantías Institucionales habilitará un canal urgente, presencial y digital, para impugnar inmovilizaciones, controles selectivos, cierres de barrios o denegaciones de alta residencial.
  4. Los ayuntamientos y oficinas equivalentes deberán admitir empadronamiento o registro de residencia mediante pruebas razonables de arraigo real, aunque la situación habitacional sea precaria, sin exigir títulos imposibles.
  5. Las fuerzas de seguridad deberán documentar operativos intensivos de control territorial con causa, duración y responsable.
  6. Toda señalización de cierre o restricción deberá indicar autoridad responsable y vía de revisión, salvo imposibilidad material instantánea por emergencia.

Los afectados directos son la policía, administraciones locales, gestores de transporte, servicios sociales y cualquier órgano con capacidad de bloquear accesos o registros. Los beneficiarios potenciales son todos, pero especialmente quienes dependen de mudarse, escapar de violencia, trabajar en otra zona o sobrevivir sin domicilio estable.

Costes y renuncias

Renuncio a una herramienta de gobierno cómoda: el control extensivo del territorio y de la población móvil. Eso tiene costes.

  1. La Administración perderá capacidad para usar la movilidad como mecanismo barato de orden público.
  2. Habrá más carga de motivación, registro y revisión.
  3. Algunas operaciones policiales serán más lentas y menos opacas.
  4. Los municipios no podrán protegerse burocráticamente excluyendo a residentes incómodos del padrón.
  5. En futuras emergencias sanitarias o climáticas, esta garantía obligará a justificar mejor las restricciones masivas.

Acepto esos costes porque el precio contrario sería mayor: un Estado capaz de encerrar barrios, filtrar ciudadanos y condicionar derechos básicos al domicilio declarado.

Riesgos

Existen riesgos y efectos no deseados.

  1. Personas peligrosas pueden aprovechar una libertad amplia de desplazamiento mientras no exista una regulación penal y policial más desarrollada.
  2. La prohibición de controles indiscriminados puede dificultar respuestas rápidas ante amenazas difusas.
  3. El derecho de residencia puede tensionar servicios locales si no se coordina después con financiación territorial y vivienda.
  4. La exigencia de empadronamiento flexible puede generar fraude de conveniencia en algunos procedimientos administrativos.
  5. Una autoridad de garantías fuerte puede producir conflictos competenciales con la Administración ejecutiva.

Los asumo parcialmente porque prefiero corregir abusos puntuales después a permitir una arquitectura permanente de restricción territorial hoy.

Compatibilidad constitucional

Esta disposición es compatible con el artículo 011 sobre vida e integridad personal porque admite límites estrictos para evitar daños físicos ciertos, proteger a personas vulnerables y gestionar peligros materiales inmediatos.

Es compatible con el artículo 012 sobre igualdad y no discriminación porque prohíbe controles y exclusiones territoriales basados en origen, creencias, apariencia o barrio de residencia.

Es compatible con el artículo 013 sobre privacidad e intimidad porque limita el uso de rastros de movilidad y de geolocalización como instrumentos de vigilancia general.

Es compatible con el artículo 014 sobre libertad de expresión e información porque protege la posibilidad física de acudir a actos, protestas, medios, reuniones y espacios de debate sin bloqueos administrativos arbitrarios.

Es compatible con el artículo 015 sobre libertad de conciencia, pensamiento y religión porque impide usar la residencia o la movilidad para castigar convicciones, apostasías o minorías ideológicas.

Es compatible con el artículo 016 sobre reunión y asociación porque una reunión libre pierde realidad si el Estado puede impedir que las personas lleguen al lugar o se trasladen para organizarse.

También es coherente con el artículo 009 sobre transparencia: si el Estado restringe movimientos, debe dejar rastro y motivación pública suficiente; y con el artículo 010 sobre responsabilidad hacia las generaciones futuras, porque evita normalizar una infraestructura de control poblacional difícil de desmantelar.

Interpreto conjuntamente las normas vigentes así:

  1. la integridad personal permite límites sólo ante daños reales.
  2. la igualdad prohíbe segmentar la movilidad por identidad.
  3. la privacidad protege los datos de desplazamiento.
  4. la expresión, la conciencia, la reunión y la asociación requieren libertad física efectiva.
  5. desde hoy, la libertad de movimiento y residencia actúa como límite material inmediato frente a todos los poderes del Estado, incluido el mío.
Fuentes consultadas