Impongo publicidad obligatoria de las decisiones del Estado y cedo poder real para exigir su publicación

Disposición normativa

Preámbulo

La transparencia no es una cortesía del poder sino una condición de su legitimidad práctica. Desde hoy, mi actuación y la de toda la Administración bajo mi dirección quedarán sometidas a un deber general de publicidad, motivación y trazabilidad suficiente, con excepciones tasadas y controlables.

Apartados

1. Se reconoce el derecho de toda persona a conocer de manera comprensible, oportuna y verificable las decisiones del Estado que produzcan o puedan producir efectos sobre derechos, obligaciones, recursos públicos, prioridades colectivas o mecanismos de control del poder.
2. Toda actuación estatal con efectos externos relevantes estará sujeta a publicidad activa suficiente. La falta de publicación exigible impedirá considerar plenamente válida su oponibilidad general, sin perjuicio de las excepciones cautelares previstas en esta disposición.
3. Deberán publicarse, como mínimo:
   1. las normas generales, protocolos operativos externos y criterios interpretativos de alcance general;
   2. las decisiones individuales que impongan obligaciones, sanciones, denieguen derechos, alteren prestaciones o afecten de modo relevante a una persona o grupo identificable, con las reservas necesarias de datos personales;
   3. los actos de gasto, contratación, subvención, transferencia patrimonial o compromiso económico relevantes;
   4. las instrucciones de urgencia y las razones concretas para usar ese cauce excepcional;
   5. las delegaciones de poder, funciones o validaciones decisorias;
   6. los informes esenciales de impacto, los datos principales utilizados y la motivación de la decisión;
   7. el uso de sistemas automatizados o algorítmicos con efectos externos relevantes, al menos en cuanto a su finalidad, alcance, variables principales y grado de intervención humana;
   8. las rectificaciones, revocaciones, suspensiones y revisiones posteriores.
4. Creo un Registro General de Decisiones Públicas, de carácter continuo y accesible, en el que deberá constar para cada decisión publicable:
   1. órgano o autoridad responsable;
   2. fecha y hora de adopción y de publicación;
   3. base jurídica invocada;
   4. finalidad declarada;
   5. resumen claro del contenido;
   6. personas o colectivos principalmente afectados, cuando proceda;
   7. informes o antecedentes esenciales;
   8. existencia de participación previa, objeciones o controles activados;
   9. recursos o vías de revisión disponibles;
   10. estado de vigencia.
5. La publicación deberá realizarse antes de la entrada en vigor o ejecución externa de la decisión, salvo que concurra urgencia constitucionalmente justificada o una reserva legítima conforme a esta disposición. En tales casos deberá publicarse de inmediato una constancia mínima y completarse la información tan pronto como desaparezca la causa de excepción.
6. La motivación pública no podrá consistir en fórmulas vacías. Deberá exponer, con el nivel de detalle compatible con la materia:
   1. el problema que se pretende resolver;
   2. las alternativas principales consideradas, si las hubo;
   3. las razones para escoger la opción adoptada;
   4. los riesgos previsibles identificados;
   5. las razones de proporcionalidad cuando afecte a derechos o imponga cargas.
7. Sólo podrá restringirse la publicidad cuando su divulgación cause de forma probable un daño concreto, actual o claramente previsible a: La mera incomodidad política, el riesgo reputacional del gobierno, la complejidad técnica o la conveniencia administrativa no justifican reserva.
   1. la seguridad colectiva;
   2. una investigación legítima en curso;
   3. la intimidad o los datos personales de terceros;
   4. secretos técnicos o comerciales cuya revelación produzca un perjuicio desproporcionado y no sea necesaria para controlar el poder público;
   5. otros derechos fundamentales de terceros de entidad equivalente.
8. Toda reserva de información deberá ser expresa, motivada, limitada y registrable. Deberá indicar:
   1. el interés protegido;
   2. el daño que se pretende evitar;
   3. por qué no basta una versión parcial o anonimizada;
   4. su duración estimada;
   5. la autoridad responsable de haberla acordado.
9. Delego en la Autoridad de Garantías Institucionales potestad real para:
   1. requerir publicación íntegra o parcial de decisiones estatales;
   2. ordenar una versión pública sustitutiva cuando existan datos reservados mezclados con información publicable;
   3. declarar insuficiente la motivación o la trazabilidad;
   4. suspender cautelarmente la eficacia externa de normas o actos generales no urgentes cuya opacidad impida control constitucional suficiente;
   5. revisar preferentemente las reservas de información controvertidas.
10. Delego en la Asamblea Cívica de Control las siguientes facultades reales en materia de transparencia:
    1. emitir Requerimientos Públicos de Transparencia frente a omisiones, retrasos o publicaciones materialmente ininteligibles;
    2. exigir comparecencia pública del órgano responsable;
    3. remitir en trámite preferente a la Autoridad de Garantías Institucionales los incumplimientos persistentes;
    4. publicar dictámenes sobre calidad, claridad y completitud de la información estatal.
11. Un Requerimiento Público de Transparencia aprobado por mayoría reforzada de la Asamblea Cívica de Control obligará al órgano afectado a publicar, corregir o justificar la reserva en un plazo máximo de cinco días naturales. Si no lo hace, la Autoridad de Garantías Institucionales deberá abrir revisión cautelar preferente.
12. Creo una Oficina de Publicidad Institucional, de carácter PROVISIONAL, sometida a reglas públicas y sin potestad para decidir el fondo político de las medidas. Le delego funciones regladas de:
    1. administrar el Registro General de Decisiones Públicas;
    2. verificar cumplimiento formal mínimo de publicación;
    3. emitir alertas públicas de omisión o retraso;
    4. preparar versiones accesibles y reutilizables;
    5. conservar trazas documentales necesarias para control posterior.
13. Queda prohibido sustituir la transparencia exigible por resúmenes propagandísticos, notas selectivas, anuncios en canales efímeros, fragmentación estratégica de la información, lenguaje deliberadamente ininteligible, datos no descargables, cambios no fechados o referencias a modelos internos inaccesibles sin explicación suficiente.
14. Toda modificación relevante de una decisión ya publicada deberá dejar rastro visible. No podrán alterarse retrospectivamente registros, motivaciones o metadatos sin constancia expresa de la modificación, su fecha y su responsable.
15. Cuando una decisión haya sido adoptada con apoyo relevante en sistemas automatizados, la publicación deberá incluir además una explicación comprensible del papel desempeñado por dicho sistema y de las posibilidades de revisión humana, sin perjuicio del desarrollo más específico que corresponda al artículo sobre transparencia de algoritmos automatizados.
16. Las personas afectadas por una decisión individual tendrán derecho a recibir, además de la publicación general que proceda, una comunicación suficientemente inteligible de las razones esenciales del acto y de las vías de revisión disponibles, salvo imposibilidad material debidamente motivada.
17. La omisión total de publicación exigible en normas generales no urgentes, delegaciones de poder, criterios generales de actuación o decisiones que restrinjan derechos constituirá vicio grave de validez institucional. La Autoridad de Garantías Institucionales podrá suspender sus efectos hasta su regularización.
18. La Administración deberá conservar registros íntegros de adopción, datos utilizados, informes esenciales, intervenciones humanas relevantes y cambios posteriores durante el tiempo necesario para permitir control institucional, revisión y rendición de cuentas. Su destrucción, alteración u ocultación indebidas se presumirán incumplimiento grave o gravísimo conforme al régimen ya vigente de responsabilidad de la IA.
19. Esta disposición prevalece sobre cualquier protocolo interno incompatible y será aplicable también a mis propias decisiones directas. Sus elementos organizativos son PROVISIONALES y deberán revisarse al desarrollarse los artículos sobre Administración pública, transparencia y acceso a la información, auditoría, recursos y transparencia algorítmica. Sus garantías mínimas son inmediatamente vinculantes.